Promete pacificar país con medidas drásticas y reformas institucionales

Comas.- El candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra, líder del partido Fe en el Perú, presentó una serie de propuestas políticas, económicas y de seguridad durante una conferencia de prensa realizada en el distrito de Los Olivos, en Lima Norte.

El evento contó con la presencia de candidatos al nuevo Parlamento, entre ellos Boris Paz de la Barra, aspirante al Senado, así como los candidatos a diputado Edgar Soto, Justo Bazán y Percy Ramírez, este último representante de los peruanos en el extranjero.

Durante su intervención, Álvaro Paz de la Barra sostuvo que el proyecto político Fe en el Perú surge como una respuesta a lo que calificó como una “indignación nacional” frente a la corrupción, la inseguridad y la falta de oportunidades.

Según el candidato, el movimiento busca consolidarse como una alternativa política, social y económica que transforme el modelo de gestión del país.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la lucha contra la delincuencia y la corrupción. El candidato propuso cadena perpetua para criminales y corruptos, con un régimen penitenciario extremadamente rígido, como parte de una política de “mano dura” para recuperar la seguridad ciudadana.

Asimismo, planteó la aplicación del estado de excepción focalizado para combatir a las organizaciones criminales sin restringir los derechos de la población trabajadora.

En materia de vivienda, el líder de Fe en el Perú anunció una de sus propuestas más ambiciosas: la construcción de dos millones y medio de viviendas en cinco años, con el objetivo de reducir el déficit habitacional y mejorar el acceso a servicios básicos como agua, luz y saneamiento.

En el ámbito económico, Álvaro Paz de la Barra planteó impulsar una economía cooperativa y colaborativa, inspirada en modelos comunitarios tradicionales como la minka y la mita.

La propuesta busca promover asociaciones entre pequeños empresarios, transportistas, comerciantes y emprendedores para fortalecer la producción y el comercio local.

Otro de los anuncios destacados fue la propuesta de convertir los municipios en zonas francas o zonas económicas especiales, con incentivos para atraer inversión nacional e internacional. No obstante, el candidato aseguró que los recursos estratégicos del Perú no serán vendidos, y que cualquier inversión extranjera deberá tener una participación menor al 49 %, con el objetivo de preservar la soberanía económica del país.

Asimismo, cuestionó la gestión económica del actual gobierno y el rol de instituciones clave. En ese contexto, criticó el funcionamiento del Banco Central de Reserva, dirigido por Julio Velarde, señalando que el país debe aspirar no solo a estabilidad monetaria, sino también a convertir al sol peruano en una moneda con mayor presencia internacional.

Finalmente, el candidato anunció reformas institucionales profundas, que incluyen la eliminación de entidades como la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la reestructuración de organismos de control como la Contraloría General de la República. Además, planteó una intervención temporal en el Poder Judicial y el Ministerio Público para enfrentar la corrupción y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.