Poder Judicial impone duras penas por violencia psicológica escolar

Comas.- Una madre de familia fue condenada a 30 años de prisión efectiva por haber extorsionado a profesoras del colegio Guadalupe en el distrito limeño de Comas, utilizando mensajes amenazantes a través de WhatsApp y exigiendo grandes sumas de dinero bajo amenazas de atentar contra sus vidas.

El fallo marca un precedente contundente contra la violencia psicológica dentro del ámbito escolar.

La condenada fue identificada como Nercy Sánchez Palomino, de 42 años, quien durante varios meses envió mensajes intimidatorios a docentes del mencionado colegio, exigiendo montos que alcanzaban los 15 mil soles, amenazándolas con hacerles daño a ellas o a sus familiares.

Los hechos ocurrieron entre octubre y noviembre de 2023, cuando la acusada utilizó el grupo de WhatsApp de madres de familia del colegio Guadalupe como medio para enviar audios, fotografías y textos cargados de amenazas.

Según la Fiscalía, las pruebas fueron contundentes: los mensajes amenazantes, junto con los audios enviados por Sánchez, incluían amenazas directas de muerte, indicaciones de vigilancia y referencias a familiares de las docentes.

Las víctimas vivieron momentos de pánico y, por temor, accedieron a realizar depósitos bancarios a una cuenta registrada a nombre de Juana María Coronado Castro, de 68 años, identificada como cómplice en este delito.

Coronado Castro fue condenada a 20 años de cárcel como cómplice primaria, debido a que facilitó el chip telefónico y la cuenta bancaria desde donde se gestionaron los cobros producto de la extorsión.

Ambos elementos fueron clave en la investigación, pues permitieron a la Policía Nacional del Perú identificar y ubicar a las responsables.

El caso fue denunciado por las docentes ante la comisaría de la zona el 28 de noviembre de 2023, activando así una investigación que incluyó el análisis del contenido de los mensajes, el rastreo de las cuentas bancarias y el seguimiento de los movimientos financieros vinculados a los depósitos. En el operativo de captura se incautaron el teléfono celular, los chips y tarjetas de débito, que sirvieron como pruebas en el proceso judicial.

El Poder Judicial consideró los hechos como un caso de extorsión agravada, y aplicó penas severas en razón del impacto psicológico generado en las víctimas y el uso de medios digitales para el delito. Además, la sentencia busca sentar un precedente frente a actos similares ocurridos en instituciones educativas, donde el entorno debe ser de seguridad para alumnos, profesores y personal administrativo.

La resolución ha sido valorada por diversos sectores como una respuesta firme frente a una creciente ola de intimidación dentro de espacios escolares.

La comunidad educativa del colegio Guadalupe expresó su preocupación por lo ocurrido, pero también su satisfacción ante la acción de la justicia, esperando que casos como este no vuelvan a repetirse.